MUCHO POR HACER
Aunque el título pueda parecer negativo muy al contrario supone un reto. Para todos los agentes, entidades, poderes públicos, personas, etc. que podemos facilitar un grado de desarrollo máximo de cada persona con diversidad funcional, retraso mental y/o enfermedad mental.
Y es que queda mucho por hacer. Si partimos desde el principio de igualdad en los derechos de las personas vemos que a nivel normativo o legal este principio está contemplado. Pero, ¿es así en la práctica? No, ya que las normas son generalistas, sin tener en cuenta los casos originales. Hablamos de personas excepcionales en capacidad de demostrar cariño, de amar, de sufrir, de reír, de jugar, de vivir… Y claro, el resto de la sociedad no estamos preparados para esta excepcionalidad.
Hablo en primera persona porque mi primer contacto con esta realidad fue hace 25 años y tenía miedo, no sabía si podría ayudar en algo, o si me querrían a su lado. Mis primeras salidas con el grupo Eina de Canovelles era un continuo girar de cabeza para ver si molestábamos a alguien o si hablaban del grupo o si… Actualmente son los participantes del grupo los que me llaman a mí la atención para que me “comporte”.
Era mi proceso, ese proceso que recomiendo a todas las personas que quieran disfrutar de una realidad social a la que la mayoría de personas da la espalda. Y no es una crítica, es normal pensar que lo que no vemos no pasa, de manera que el proceso, entendido como tiempo mas acciones, empieza con una pequeña acción, la que sea, por pequeña que sea. Si se da el placer de conocer esa realidad, acérquese a cualquier asociación, fundación, entidad o club que tenga relación con personas con discapacidad intelectual y pregunten de qué manera podrían ayudar en las condiciones que son capaces de ofrecer: horas, conocimientos, medios, recursos materiales o económicos, etc. Y así, si como usted se ofreciera gran parte de personas, todo cambiaría, todo iría a mejor.
Pero no quisiera que pareciera algo que dependa sólo del mundo del voluntariado. ¡Imposible! Como antes he mencionado y ahora concreto, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Cualquier persona debe aspirar a conseguir un grado de autonomía lo más desarrollado posible, pero una persona con discapacidad intelectual necesita de más ayuda o de ayudas diferentes. Para conseguir un nivel de desarrollo que les permita la máxima autonomía posible en nuestra sociedad, se han de trabajar todas las necesidades vitales para que esto se produzca: mejora de la función cardiorrespiratoria, de las funciones óseo musculares, de las capacidades coordinativas, de la percepción espacial y temporal, de las capacidades de comunicación propias y con el entorno, la mejora del equilibrio psicológico y de las funciones nerviosas como base de los procesos intelectuales (observación, atención, memoria, concentración, relajación, etc.), así como todo lo relacionado con la afectividad, sexualidad, relaciones sociales, etc.
De esta breve, y seguro que incompleta lista de capacidades de autonomía, se puede deducir la necesidad de un trabajo transversal y profesional en el mundo de la discapacidad intelectual.
Por todo ello, son los poderes públicos: el legislativo que diseña las leyes pero sobre todo el poder ejecutivo que las aprueba y quienes deberían dotarles de los medios necesarios, son ellos los que tienen el poder para que se cumpla el principio universal que dice que todos somos iguales en dignidad y derechos. Sin unas claras y decididas políticas que inviertan donde más ayuda se necesita, el voluntariado, las asociaciones, entidades, clubs, etc. deberán seguir luchando como hasta ahora, para que quede mucho menos por hacer.
Técnic d’Esports de l’Ajuntament de Canovelles y responsable del grup EINA.
