Quisiera empezar agradeciendo a Ángel la oportunidad de poder escribir sobre algo que me resulta muy cercano. Él me planteó la posibilidad y yo la acepté encantado.—–
Dada mi condición profesional, y dejando de lado, como dije, el aspecto personal, que también me toca, estoy encantado de poder hacer unas mínimas reflexiones jurídicas sobre el mundo de la discapacidad buscando, con ello, dejar bien clara mi posición al respecto que no es otra que la de la necesidad de autonomizar, en la medida de lo posible, a las personas con discapacidad.—————————–
El concepto de discapacidad no es algo fijo o invariable, sino que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, adecuándose al contexto y realidad social en el que ha habido de ser aplicado en cada momento. Normalmente, a nivel jurídico, uno deberá distinguir entre la capacidad y la posibilidad, siendo, lo primero, algo que afecta a la esfera subjetiva y, lo segundo, a la objetiva. Así, no es lo mismo una incapacidad para vender (por falta de aptitud intelectual de quien quiere hacerlo) que una prohibición/imposibilidad de vender que, como digo, vendrá motivada por razones ajenas a las de la capacidad o no de la persona en cuestión para llevarlo a la práctica. Y, huelga decirlo, no siempre se ha considerado de una manera homogénea la capacidad de las personas para ejecutar cualesquiera actos de la vida económica, social, política, familiar o jurídica. Por ejemplo, en el Derecho antiguo, el mero hecho de ser mujer ya imposibilitaba para ser designado albacea testamentario y, mucho más recientemente, el Código Civil común español, en su artículo 1.263, hasta su reforma en el año 1.996, tampoco lo permitía a “…los sordomudos que no sepan escribir…”. Y, en el mismo sentido, parte importante de la doctrina jurídica entendía que un sordomudo que no supiera ni leer ni escribir no tenía capacidad para otorgar testamento criterio que, por supuesto, fue superado por una Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de septiembre de 1.987 en términos parecidos a los que luego referiré.——————————————-
A día de hoy, con la Ley en la mano, las personas discapacitadas son “…aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento…” (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social); y, en un sentido muy parecido, “… a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento; b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento…” (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad). Ambas leyes siguen un camino ya marcado con la reforma operada en el Código Civil común en el año 1.983 consistente en abandonar la tipificación de causas objetivas de discapacidad o incapacidad y poner, por el contrario, el acento, en la falta de aptitud natural de la persona para gobernarse por sí misma, criterio confirmado por una Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.012.———–
La integración de las personas con discapacidad es una tarea de todos y, en ese sentido, el manejo que se haga de la situación tanto a nivel legal como jurisprudencial es algo de gran importancia. Por tanto, entiendo que tenemos que congratularnos de que la tendencia sea la que he referido, máxime cuando estamos hablando de una tarea titánica en la que tenemos que convivir hasta hace dos días como aquél que dice con hechos o situaciones como las expuestas, en las que personas cultas, formadas y brillantes consideran incapaz para testar a un sordomudo que no sabe leer ni escribir, y no una persona que, simple y llanamente, tiene unas dificultades, más o menos serias, a la hora de hacer llegar su voluntad perfectamente formada.—————————-
Y, siguiendo esa tendencia dignificadora, es gratificante comentar la aprobación reciente de una Ley en Cataluña, 6/2019 de 23 de octubre, de modificación del Libro Cuarto del Código Civil Catalán, en materia de sucesiones, que tiene por objeto el garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial a la hora tanto de hacer testamento como de intervenir como testigos en el otorgamiento de un testamento ajeno. Sin entrar en aspectos técnicos de la misma, y a modo de resumen, se garantiza que las personas con discapacidad sensorial (aquellas que, según la Ley, “…sufren o bien una disfunción o una discapacidad o un hándicap visual, auditivo o verbal que les limita sus facultades de comunicación expresiva y receptiva…pero que pueden manifestar su voluntad consciente y libre…”) puedan testar (sin necesidad de testigos, como hasta ahora) o intervenir como testigos en testamentos ajenos, debiendo facilitarse por el Notario los medios o apoyos necesarios para ello, sin que suponga ningún coste adicional, utilizando el braille, la lengua de signos, la lectura labial o cualquier otro medio técnico o lingüístico que permita suplir la discapacidad sensorial y modificando, en definitiva, los artículos 421.8, 421.10, 421.11 y 421.14 del Libro Cuarto del Código Civil Catalán.————
Espero que os haya resultado ameno y de interés.
